‘Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social’ (Artículo 14 de la Constitución española).

‘Por el principio de imparcialidad el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados’ (Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal).

Igualdad, imparcialidad, objetividad e independencia parece que no están caracterizando, precisamente, a la instrucción del affaire Urdangarín; que pese a que los medios se empeñen en llamarlo así, sin duda, sería más preciso conocerlo como caso Urdangarín-Infanta Cristina.

Nos enteramos por la prensa, el mismo día (al parecer, lo mismo le pasó, por ejemplo a la defensa letrada del propio Iñaki Urdangarín), que ‘una comitiva judicial encabezada por el fiscal Pedro Horrach’ empezó ayer, 6 de febrero de 2012, a tomar declaración como testigos a más de un centenar de empleados de las sociedades vinculadas a los negocios del duque de Palma y la Infanta Cristina. A la gran mayoría se les toma declaración en el edificio en Barcelona de la Jefatura Superior de Policía, en el marco de la operación Babel. Otros testificarán en otros lugares de España.

¿Cómo es posible que se cite a testificar a simples empleados de las referidas sociedades y no a una de las socias principales de una de ellas, con una participación que ascendía nada menos que al 50%? ¿Cómo es posible que se tome declaración a ciudadanos que no se han beneficiado de la trama de corrupción –probablemente, por el contrario, les habrá perjudicado gravemente- y no a quien consta, entre otras bagatelas, adquirió con fondos de la misma un palacete que disfrutó como vivienda habitual en la zona más exclusiva de Barcelona?

Razones de Estado, que es tanto como decir que algunos consideran que la ley contiene excepciones tácitas en su aplicación cuando afecta al poder con mayúsculas, están viciando la instrucción de este caso en cotas cada vez más altas hasta el extremo de que pueda estar ya, a estas alturas, bordeando la nulidad de actuaciones (los letrados de los inculpados deben estar frotándose las manos).

Como la red ayuda a contrarrestar los vicios adquiridos por las oligarquías a través de los siglos algunos nos dedicamos a la denuncia pública desde ella y destacamos como aún hay funcionarios que no entienden que nadie se sitúe por encima de la ley y proclaman los derechos y libertades a los cuatro vientos, entre otras cosas, porque se han dedicado profesionalmente durante toda su vida a la judicatura, tienen poco o nada que perder y pertenecen a esa rara especie, a la que algunos querrían ver en peligro de extinción, que constituye ser un caballero español.

Así, quiero destacar, muy especialmente, las declaraciones del magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano que ha señalado que si fuera responsable de la instrucción, llevada a cabo por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca y por la que Urdangarín tendrá que declarar el 25 de febrero en calidad de imputado, tampoco la Infanta Cristina eludiría ser llamada a juicio:

“Habría que citarla. Si forma parte de unas sociedades, algo sabe. [...] La mayor responsabilidad es del marido. Él arrastró a la compañera, que no parece una persona tonta”.

Con este comentario, Soriano hace referencia a la participación de la infanta en la empresa Aizoon SL, una consultora investigada por el juez y mediante la cual Urdangarín habría facturado miles de euros al Instituto Nóos, según los investigadores del caso. Además, el magistrado considera que si Cristina fuera a declarar contribuiría a que el ciudadano creyera en la Justicia.

“La gente espera que la justicia sea objetiva, imparcial y rigurosa. Y si hay que meter en la cárcel a Urdangarín, pues se le mete”, ha dicho en una entrevista en el diario La Nueva España, en el que ha recordado las palabras del Rey durante su discurso de navidad, cuando aseveró que “la Justicia es igual para todos”, aunque posteriormente desmintió que estuviera haciendo alusión a su yerno.

Sabiendo como está de resabiado el poder y cómo las gasta, estas declaraciones, como mínimo, demuestran valor y una gran sensatez. Algunos deberían aprender de ellas y no sobrepasar los límites de lo tolerable que a la ciudadanía le es posible soportar. Al fin y al cabo, como decía Mahatma Gandhi “aunque la verdad esté en minoría, sigue siendo la verdad”.

‘¿Y si también estuviéramos metidos en una burbuja cultural? Diferente a la del ladrillo, porque implica a menos gente y no supone una desmesura financiera capaz de desestabilizar un país. […] Lo más significativo de las burbujas es que uno no se entera de que vive en ellas hasta que explotan‘ (Gregorio Morán, El malestar de nuestra cultura, en La Vanguardia, 4 de febrero de 2012).

‘La danza o el baile, es una forma de arte en donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión, de interacción social, con fines de entretenimiento, artísticos o religiosos’ (fuente: Wikipedia).

Las principales ciudades del mundo integrantes de los circuitos más prestigiosos del arte incluyen en su seno como sedes a prestigiosas compañías de danza clásica. Sin embargo, en nuestro país, huérfana tantas veces de iniciativas artísticas, sólo encontramos la Compañía Nacional de Danza de España ‘fundada en 1979 con el nombre de Ballet Nacional de España Clásico [con sede en Madrid y dependiente del Estado]. […] Desde diciembre de 2010 el director artístico es José Carlos Martínez’, según reza en la Wikipedia.

Fuera de esta compañía estable pública, desde la iniciativa privada al menos parcialmente, está la apuesta de una figura de la danza, Ángel Corella López, quien en 2001 creó la Fundación que lleva su nombre con el propósito de fomentar el arte de la danza clásica, facilitando los medios a bailarines que, por circunstancias sociales, económicas o de otra índole, no puedan llevar a buen término su formación [paradójicamente, la familia Corella crea la fundación en Barcelona, pero en aquel momento el proyecto no interesó a las autoridades catalanas]. Tras siete años de trabajo, uno de los grandes proyectos de la Fundación, el Corella Ballet, vio la luz y empezó su actividad el primero de abril de 2008, en la localidad segoviana de la Granja; concretamente en el Real Sitio de San Ildefonso, donde también radicaba una residencia escuela de danza clásica. Todo ello auspiciado por la Junta de Castilla y León (con aportación del 90% del presupuesto, aproximadamente).

El Corella Ballet es la única compañía especializada en danza clásica de España, y desde su fundación ha estrenado dos grandes producciones La Bayadera y El Lago de los Cisnes. Además, ha estrenado tres programas de repertorio que han supuesto tres estrenos internacionales: String Sextet, de Ángel Corella; Soleá, de María Pagés y Epimetheus, de Russell Ducker, y actualmente su repertorio está formado por 24 obras.

Sin embargo, como consecuencia de los ajustes presupuestarios, ambas partes –Fundación y Junta- acordaron no prorrogar el convenio de colaboración; la intención de la Junta de Castilla y León, atenazada por la crisis económica, era centrar el presupuesto para cultura en los teatros del entorno rural más que en una sola compañía.

¿Adivinan ustedes quien se va a hacer cargo en plena crisis de una iniciativa privada que, aunque de altísimo y competitivo nivel internacional, comporta gastos de aproximadamente tres millones de euros? Lo han adivinado, el hasta ahora denominado Corella Ballet Castilla y León está ultimando los detalles para mudarse a la capital catalana, donde pasará a llamarse Ciudad de Barcelona y la escuela de bailarines tendrá su sede en Figueras. El alcalde, Santi Vila, amigo de Corella desde hace años, ha confirmado que el acuerdo “está al caer” y que los principales actores son la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento. El Consistorio ha participado en las negociaciones facilitando la búsqueda de un espacio físico, aunque la colaboración se ofrecía “siempre y cuando tuvieran la financiación asegurada” [¡]. La otra condición era que la llegada del ballet no supusiera “un perjuicio” para el resto de las compañías de la ciudad y que su presencia en ella tuviera un retorno social para el barcelonés. El Corella Ballet, de hecho, ya trabaja en Barcelona, pues desde hace unas semanas se encuentra ensayando El lago de los cisnes, que se verá en febrero en el Gran Teatro del Liceo.

Independientemente de la importancia de la danza dentro del espectro cultural, ¿es este el mejor momento para traer esta compañía a la ciudad? Por parte del Ayuntamiento de Barcelona, se les concede “un espacio físico” [por determinar], se les exige que la llegada del ballet no suponga “un perjuicio” para el resto de las compañías de la ciudad [?] y que su presencia en ella tenga un retorno social para el barcelonés [por determinar]. Además no se cuantifica o, al menos, no se hace pública la aportación económica prevista con cargo a los presupuestos de las administraciones implicadas.

Por otra parte, ¿es admisible esta competencia entre diferentes administraciones públicas españolas? El fin no debería justificar los medios y la actitud mercenaria evidente del Corella Ballet no casa bien con unas instituciones creadas al servicio de los ciudadanos en la búsqueda del interés general que deben relacionarse de acuerdo con el principio de lealtad institucional. Los aficionados a la danza, entre los que me encuentro, querríamos una compañía estable en Barcelona, pero, evidentemente, no es el momento –pero, ¡si hasta el Liceo ha tenido que cerrar sus puertas dos meses por falta de presupuesto!-; existen demasiadas indefiniciones en el proyecto y no lo queremos a toda costa.

Me temo que éste es otro ejemplo de la negligente y alegre utilización de fondos públicos por parte de los responsables de cultura de nuestras instituciones más cercanas. Por favor, se lo pido: como no piensan asumir las responsabilidades derivadas de sus actos, entre otras cosas porque nunca lo hacen, al menos, ¡qué no nos explote otra burbuja en la cara!

‘A partir de la primera ley de política lingüística, de 1983, el Gobierno [autonómico] de Jordi Pujol [CiU] comenzó una purga de maestros castellanohablantes. Se obligó a todos los maestros con plaza a reciclarse para poder seguir ejerciendo. […] La consecuencia fue el éxodo de 14.000 maestros, unos motu proprio, otros por verse incapaces de cambiar de lengua a los 50 años; y los que intentaron oponerse fueron expulsados de forma ilegal y mafiosa’ (Antonio Robles, De la lengua propia al apartheid estatutario, 2 de mayo de 2006 en Ideas de Libertad Digital).

El Foro Ermua ‘es una asociación cívica española, impulsada en su mayor parte por profesores universitarios y otros profesionales (políticos, escritores y periodistas) de origen vasco. Nació el 13 de febrero de 1998 a causa del asesinato del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco por parte de ETA’. Entre los fundadores del Foro Ermua se encontraban: Agustín Ibarrola, Carlos Totorika, Jon Juaristi, Mikel Azurmendi, Iñaki Ezkerra, Edurne Uriarte, Fernando Savater, Javier Corcuera o Hermann Tertsch (fuente: Wikipedia).

Con motivo de las elecciones autonómicas vascas de 2009, Foro Ermua presentó una propuesta que contemplaba la creación de un ‘censo de residentes ausentes’ en el País Vasco con la finalidad de que, de una u otra forma, se les tenga en cuenta en las citas electorales para que la democracia no se falsee en las urnas por la falta de libertad: ‘Las amenazas de ETA, la extorsión y el miedo les obligó a abandonar un día su tierra y dejar atrás su historia, grabada en cada rincón del País Vasco. Son ya 200.000 vascos, según un estudio del Foro Ermua, y de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, los desterrados que se vieron abocados a renunciar a su origen’.

Declaración Universal de los Derechos Humanos (foto: Flickr jaumedurgell).

Menos percibidos -el nacionalismo catalán siempre ha sido más sutil que el vasco en sus actitudes totalitarias-, pero, igual de desterrados los ha habido en Cataluña. Más allá de los casos de personajes mediáticos que dieron un sonoro portazo como respuesta a su insatisfacción y que son de todos conocidos -como Albert Boadella, José María Sanz, Loquillo, o, recientemente, Félix de Azúa-, un numero indeterminado de ciudadanos catalanes –en esta Comunidad Autónoma no conozco un estudio semejante al elaborado en el País Vasco- se vio, se ha visto o se ve obligado o, como mínimo, invitado a abandonar su pueblo o su ciudad porque las circunstancias ‘creadas’ por el nacionalismo no son, digamos eufemísticamente, las más apropiadas para desarrollar una vida en libertad.

‘Los gobiernos de Pujol [CiU] (con el apoyo de buena parte del Parlamento autonómico) impulsaron la reconstrucción nacional, cultural y lingüística a través de dos instrumentos fundamentales: la enseñanza y la radiotelevisión. Todos los niños catalanes, sin tener en cuenta su origen, fueron (y todavía son) escolarizados mediante lo que se denomina inmersión lingüística en catalán a lo largo del proceso de enseñanza Primaria y Secundaria para lograr que al final de este periodo dominen con pertinencia esta lengua y además conozcan mínimamente el otro idioma oficial en todo el Estado (el castellano) y otro extranjero’ [Daniel E. Jones, Pujol y la construcción de un espacio catalán de comunicación interacciones entre instituciones políticas y empresas mediáticas (1980-2003)].

Es en el ámbito de esos ‘dos instrumentos fundamentales’ donde encontraremos al mayor número de víctimas de las políticas nacionalistas y, en consecuencia, al mayor número de desterrados. Los profesores, sobre todo, de la enseñanza pública catalana y los profesionales de radio y televisión, también sobre todo, de aquellos de titularidad pública suponen el mayor número de afectados que, obligados por las circunstancias, abandonaron la tierra que les había visto nacer o en la que habían creado sus familias a partir de las grandes oleadas de la emigración que propició la injusta política franquista en los años 50 y 60 del pasado siglo.

Siguiendo a Antonio Robles en el artículo referenciado es clave, por significativo, destacar ‘el documento que el Gobierno de la Generalidad, siendo presidente [autonómico] Jordi Pujol, elaboró en secreto con la intención de infiltrar y copar banca, prensa, escuela y demás estamentos sociales con el ideario nacionalista, y que filtró El País el 28 de octubre de 1990. Titulaba este periódico: Vigilantes seleccionados para velar por el adoctrinamiento en la enseñanza; y seguía:

‘La necesidad primordial para los inspiradores del documento es catalanizar a hombres y mujeres. Habrá, pues, que educar a estos hombres y mujeres, vigilar a los educadores para que cumplan lo estipulado y seleccionar con cuidado a los vigilantes […] vigilar la composición de los tribunales de oposición […] reorganizar el cuerpo de inspectores de forma que vigilen la correcta cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza […]. Vigilar de cerca la selección de este personal. También los programas de enseñanza deben ser catalanizados, sin olvidar imponer análisis previos y aprobación de los contenidos por parte de personas de confianza’.

Al final del párrafo que acabamos de transcribir encontramos la esencia última de la cuestión: encontrar ‘personas de confianza’; es decir, aquella parte de la población que asume el ideario nacionalista que puede resumirse en un poble, una llengua, una nació. A todo aquel que no lo asuma se le debe invitar a marchar, más o menos, delicadamente, favoreciendo un entorno que de forma natural lleve a los disidentes a buscar residencia en otra parte del territorio nacional.

Así, no es de extrañar que, tras una política de zapa como la que acabamos de apuntar –auténtica ingeniería social llevada a cabo desde las instituciones catalanas dominadas por los nacionalistas durante décadas de hegemonía-, hoy en día ‘la inmensa mayoría de los profesores y políticos catalanohablantes presenta identidades predominantemente catalanas, y lo hace proporcionalmente mucho más altas que la población catalanohablante en general. Y a la inversa: absolutamente ningún profesor o político catalanohablante se identifica como predominantemente español […]. [Destacando además que] sólo el 6,5% de los políticos castellanohablantes presenta una identidad predominantemente española […]. Esto demuestra el grado en que se ha catalanizado la vida política en Cataluña después de la transición’ (Thomas Jeffrey Miley, Nacionalismo y política lingüística: el caso de Cataluña).

Para que no haya más desterrados catalanes en democracia: reconozcamos primero esta figura, denunciemos públicamente las políticas nacionalistas causantes de la diáspora, cuantifiquemos -a semejanza de lo hecho en el País Vasco- el fenómeno y restituyamos en su integridad y dignidad a los que las padecen o las hayan padecido más profundamente. “La libertad no hace mejores a los hombres, simplemente los hace hombres” (Manuel Azaña).

Desigualdades de ingresos entre países, medidos por el coeficiente de Gini, donde 0 corresponde a la igualdad perfecta, y 1 a la desigualdad total. Los países en rojo son más desiguales que los países en verde (imagen: Wikipedia).

‘A partir de un discurso fantástico, jaleado en mítines empresariales y en los medios de comunicación, con el aval de distinguidos economistas y de las inefables escuelas de negocios, se modeló una operación económico-patriótica que tenía que dotar a Cataluña de una gran compañía de bandera y hacer del aeropuerto de El Prat un punto nodal de primer orden’ (Josep Ramoneda).

Nadie ha resumido mejor la situación creada por el fiasco de Spanair que Josep Ramoneda, en un artículo suyo aparecido en El País de 30 de enero de 2012. Por más que ahora se desdigan y acudan al recurso fácil de los paños calientes, las instituciones gobernadas por los nacionalistas conservadores catalanes, Generalidad de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona, impulsaron y mantuvieron un proyecto que sin su fundamental participación no se hubiera alargado en el tiempo hasta ahora.

Pero el objeto de este post, no es redundar en lo que otros ya han expuesto de forma brillante, sino denunciar la progresiva diferencia salarial que se detecta en nuestro entorno inmediato. Así, según el Informe mundial sobre salarios de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), España es uno de los países con mayor desigualdad salarial y con un salario mínimo menor entre los países europeos; muy lejos de los nórdicos, los más destacados.

‘Un trabajo reciente o metaestudio basado en la comparación de más de 150 artículos científicos revela que los países con mayores desigualdades económicas tienen mayores problemas de salud mental y drogas, menores niveles [de] salud física y menor esperanza de vida, peores rendimientos académicos y mayores índices de embarazos juveniles no deseados. En esos casos también se comprobó que no es el nivel de renta sino la desigualdad económica el factor explicativo principal. Por lo que los autores de dicho estudio concluyen que entre los países más desarrollados, los más igualitarios obtienen un mejor comportamiento en una serie amplia de índices de bienestar social’ (fuente: Wikipedia).

En este sentido, y retomando el caso de Spanair, en el que incluso el propio alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU), para pasmo de muchos se ha unido al nuevo mantra coral institucional manifestando que “se han hecho las cosas lo mejor posible”, nos despertábamos hace unos días conociendo que su cúpula cobraba sueldos millonarios mientras la aerolínea se iba a pique. Por lo que hace al presidente, ‘su salario inicial era de 600.000 euros, aunque parece ser que se le rebajó a la mitad, 300.000, para que pudiera dedicarse a otras actividades. O sea, cobraba un montón por ser presidente a tiempo parcial’.

No parecen razonables salarios tan elevados en una compañía que se sabía desde un inicio sufría graves desajustes estructurales que la abocaban a un futuro lleno de riesgos que podía comportar su cierre como, finalmente, el tiempo ha confirmado con su entrada en concurso de acreedores.

Tampoco parece razonable que, ahora, otras compañías low cost pretendan sacar tajada a costa de los trabajadores despedidos intentando captarlos en “condiciones miserables”, según denuncian, pues se les ofrece 600 euros de sueldo, con los que estas compañías pretenden aprovechar la situación y tratar de incorporar a personal con experiencia, sin que se considere la subrogación de los contratos, como contempla el convenio del sector firmado en 2011.

¿Resulta admisible esta situación desde el punto de vista de la igualdad salarial? ¿Por qué unos cuantos directivos, tanto, y los 2.604 trabajadores que están en la calle, tan poco? ¿Cómo es posible que los que más tienen, según datos contrastables, sigan contribuyendo menos? ¿No son suficientes los hechos para exigir que la crisis propicie un cambio de sistema? ¿Qué políticas se están implementando para acercarnos a los países más desarrollados o, al menos, para intentar paralizar la brecha salarial entre los que más cobran y los que menos en nuestro país?

Mientras tanto, el caso de Spanair supone un claro ejemplo del 99% y el 1% del que hablan los indignados… Sin salir de casa, aquí al lado… también, en este caso y lamentablemente, con recursos públicos, sin asunción de responsabilidades, por su causa.

Pintada en las calles de Valencia (foto: CNT).

‘Un sindicato es una organización integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral, respecto al centro de producción (fábrica, taller, empresa) o al empleador con el que están relacionados contractualmente (…) Desde los comienzos mismos en que el trabajo comenzó a organizarse en el Siglo XIX, los trabajadores consideraron que la organización internacional era un componente indispensable, del sindicalismo. La famosa convocatoria de Marx y Engels, “trabajadores del mundo, uníos”, y la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores en 1864, dan cuenta del sentimiento “internacionalista” y de la importancia que la “solidaridad internacional” han tenido desde los primeros momentos en que el trabajo comenzara a organizarse’ (fuente: Wikipedia).

Y es que el movimiento obrero, en su acepción más genuina, debe combatir los intentos de desmembración de éste, procurando la máxima unión de los trabajadores, vengan de donde vengan, residan donde residan, en la lucha por la consecución de objetivos comunes. Los estados, las fronteras, las religiones, los ejércitos, las lenguas… son instrumentos creados por el poder económico coyuntural (aristocracia, burguesía,…) por intereses ajenos a esa mayoría de ciudadanos trabajadores y en cuanto se constituyan en un obstáculo a esa, fundamental, unión deben ser relegados siempre un plano secundario, cuando no eliminados.

Ayer en Barcelona, en el Ateneo Barcelonés, se renovó la reclamación del concierto económico que cinco entidades (Fomento del Trabajo, Instituto Agrícola San Isidro, Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, Ateneo Barcelonés y Liga de la Defensa Industrial y Comercial) realizaron, en 1898, ante la reina María Cristina. A esta reivindicación se unieron los dos grandes sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

No importa que el sistema de concierto económico sea profundamente reaccionario e insolidario para con los trabajadores del resto de España. No importa que el propio Miquel Roca Junyent (CiU) –uno de los padres de la actual Constitución- reconozca que el sistema no sería generalizable porque ellos lo piden para Cataluña. No importa bailarle el agua al nacionalismo que se ha fijado como objetivo que su propuesta se convierta en una reivindicación mayoritaria en esta Comunidad Autónoma. No importa que Carme Chacón, aspirante a liderar el PSOE, no coincida -¿convencimiento o tacticismo?- con la línea adoptada por el PSC, prometiendo combatir el pacto fiscal de CiU ‘con uñas y dientes’. Nada le importa ya, en Cataluña, a un sindicalismo secuestrado por el nacionalismo ajeno, por completo, a los intereses de los trabajadores que dice defender.

Hace tiempo que importantes intelectuales de la izquierda nos vienen alertando de la incompatibilidad de la izquierda y el nacionalismo, ya que la primera ‘es fundamentalmente igualitaria, ningún privilegio de origen es admisible, mientras que el segundo dice nosotros, por ser nosotros, exigimos un espacio jurídico especial que atienda a las consideraciones del grupo. Esto atenta constitutivamente contra las bases de la izquierda […]. La forma de evitar eso es con leyes universales que valgan para todos y que nos comprometan a todos’ (Félix Ovejero Lucas).

Ante la realidad que nos toca vivir, ‘colocados en un tránsito histórico’ como manifestara en otro tiempo y en otra fatal circunstancia Salvador Allende, se hace necesario no resignarnos ante unos sindicatos que han renegado de sus obligaciones de clase para entregarse a los intereses del capital que representa políticamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña la coalición conservadora y nacionalista CiU.

¿Qué pensarían los antepasados del movimiento obrero de principios del siglo XX en Barcelona que hicieron de esta capital, un referente mundial anarquista constituyendo, por ejemplo, en octubre de 1910 la Confederación General del Trabajo que, meses después, se convertiría ya definitivamente en la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT? El derecho universal a la educación, el acceso a la cultura, los derechos laborales, los derechos de las mujeres, el pacifismo y el antimilitarismo o el ecologismo formaban parte del ideario avanzadísimo de aquellos anarquistas. Quizás en esta unión confederal de sindicatos autónomos de ideología anarcosindicalista de España que está adherida a la organización de carácter mundial Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) pueda estar el germen necesario en estos momentos de orfandad sindical para muchos obreros en el cinturón industrial del área metropolitana de la ciudad.

Otras centrales sindicales son necesarias, otros instrumentos que recuperen esa solidaridad y esa referencia internacionalista de la que abdicaron hace tiempo CCOO y UGT en Cataluña son posibles. A semejanza de lo que ha supuesto la creación de partidos políticos no nacionalistas como Ciudadanos y UPyD, más allá del debate no concluido sobre la necesidad de una formación política genuinamente de izquierdas en Cataluña, se hace, imprescindible, en esta Comunidad Autónoma el implementar los mecanismos necesarios para la creación de una nueva referencia sindical que ocupe el espacio abandonado a su suerte. ¿Para cuándo un verdadero sindicato nacional?

Las agencias de calificación de riesgos, agencias de clasificación de créditos o agencias de rating son empresas que, por cuenta de un cliente, califican unos determinados productos financieros o activos ya sean de empresas, estados o gobiernos regionales (estados federados, Comunidades Autónomas [o municipales]) […]. Sus notas o calificaciones valoran el riesgo de impago y el deterioro de la solvencia del emisor. […] Aunque hay más de 74 agencias de rating en el mundo el mercado está controlado por tres grandes compañías neoyorquinas que dominan aproximadamente el 90% del mercado por lo que su funcionamiento es casi como un oligopolio. […] Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch (fuente: Wikipedia).

Pues bien, en octubre de 2011, Fitch rebajó la calificación tanto del Ayuntamiento de Barcelona como de la Diputación de Barcelona pasando de la calificación AA+ a la AA- con perspectiva negativa. Ahora, en enero de 2012, ha sido Standard & Poor’s la que ha hecho lo propio recortando la nota de la provincia de Barcelona de AA- a A, que deja de estar en revisión, en tanto que acomete la misma rebaja para el Ayuntamiento de Barcelona, que sigue en perspectiva negativa.

En definitiva, lo que recogen estas agecias de calificación es que la deuda municipal barcelonesa está deslizándose, peligrosamente, hacia el umbral que ahora ocupan economías en clara recesión como España e Italia y, lo que es peor, con tendencia a desplazarse al de economías, prácticamene, quebradas como Irlanda, Portugal e Islandia

En el año 2010 la deuda global del Ayuntamiento de Barcelona había ascendido a 1.493,6 millones de euros, un 53% más que los 974 millones con que se cerró el año 2009. Está por ver la deuda global a fecha de hoy, pero las perspectivas que marcan las principales agencias de calificación auguran un futuro sombrío para las arcas municipales.

¿A qué se debe esta situación? Existen diversas causas. En primer lugar, la caída de ingresos derivada de una menor recaudación impositiva como consecuencia de la crisis global; en segundo lugar, la difícil situación que viene sufriendo la Generalidad de Cataluña hace que incumpla sus obligaciones con los ayuntamientos, derivadas de los servicios que estos prestan en nombre de aquella, aumentando la deuda con estos sin que el Ayuntamiento de Barcelona sea una excepción –es más, son ya numerosos los favores que el alcalde Xavier Trias (CiU) (él los llama adelantos) está haciendo, con el dinero de los barceloneses, para ayudar a cuadrar las cuentas de la Comunidad Autónoma-; y, en fin, y en tercer lugar, operaciones inversoras de dudosa legalidad, como el apoyo a la quebrada Spanair a través de Fira de Barcelona –en un claro fraude de ley a la legislación comunitaria que prohíbe las ayudas a las líneas aéreas-, en las que se han perdido, al menos, 50 millones de euros. Es curioso, por inusual, como en los convenios que firman el alcalde y el consejero de Economía y Conocimiento de la Generalidad, Andreu Mas-Collell (CiU), esta se compromete a devolver lo invertido ‘en cinco años o en proyectos de interés municipal’. ¿Actuarían, tan alegremente, si el dinero saliese de sus propios bolsillos? ¿Cabrá exigirles responsabilidades más allá de las políticas?

Utilizando el símil taurino, al torero Trias le han dado ya dos avisos para matar el toro de la deuda. Esperemos que el clarín no toque por tercera vez; ya saben lo que significaría: obligaría a matador y subalternos a retirarse a la barrera para que el toro sea retirado por los cabestros o apuntillado en el mismo ruedo. Barcelona estaría quebrada.

La palabra casino ‘proviene de las casas de campo casini que estaban integradas dentro de palacios o villas italianas y que servían para el recreo de los nobles del siglo XVII. Una de estas distracciones eran los juegos de azar. Durante el siglo XIX, se empleó este término para referir cualquier lugar público donde tenían lugar actividades recreativas (juego, deportes, salón de lectura…)’ (fuente: Wikipedia).

No es de extrañar atendiendo al origen etimológico de la palabra que la burguesía catalana, promotora y votante natural de CiU se pirre al igual que la aristocracia madrileña –en esto no hay diferencias- por traerse a su terruño la inversión millonaria que la empresa Las Vegas Sands Corporation que preside Sheldon Adelson, la 16ª fortuna del planeta, según Forbes, con casinos en Singapur, Macao, Bethlehem y Las Vegas pretende realizar en el sur de Europa.

En época de vacas flacas como las actuales el capital foráneo se observa como auténtico maná caído del cielo. Las cifras son espectaculares hasta para el más crítico con la operación: 14.800 millones de euros de inversion, 132.000 puestos de trabajo, 36.000 habitaciones en hotels de lujo, 50.000 plazas de restauración, etc.

Sin embargo -siempre hay uno-, las contrapartidas que reclama Adelson son inéditas en España. Al menos en el caso de Madrid, el magnate pide que casi se cree una isla legal en la que se cambie el Estatuto de los Trabajadores para “relajar los convenios” y la Ley de Extranjería para “dar un trato preferente a sus empleados”, exenciones de dos años en las cuotas a la Seguridad Social y en los impuestos estatales, autonómicos y municipales, y que se pueda fumar en los locales de la compañía. Además, también exige cambios en la ley de horarios comerciales, la de enjuiciamiento civil, la del juego y la de blanqueo de capitales. Es decir, el que paga manda y quiere mandar mucho… quizás, demasiado. ¿No les parece?

En las antipodas de la anterior inversión, está la del metro de Barcelona. Esta es harina de otro costal para el gobierno de la ciudad y su homónimo de la Generalidad. Nunca han apostado por verter grandes cantidades de los recursos que gestionaban en él, a diferencia -en este caso sí- de los conservadores madrileños. No en vano las grandes inversiones en infraestructuras de transporte público se han hecho con gobiernos progresistas (por ejemplo, la totalidad del tranvía y las últimas líneas inauguradas, parte de la línea 9 y líneas 10 y 11). Ahora, de nuevo han dado un golpe en la frente a esta infraestructura y han cerrado estaciones y paralizado las obras previstas en la línea 9 por falta de recursos, excepto el ramal que finaliza en el aeropuerto.

Por otra parte, con el gobierno del alcade nacionalista conservador Xavier Trias los ciudadanos de Barcelona hemos sufrido la subida de tarifas más elevada de la historia (12% en el título de transporte más utilizado) lo que, a juicio de los sindicatos mayoritarios, demuestra su escasa sensibilidad social.

Los escasos recursos en inversiones y los recortes parecen que no se limitan a aquellas e, incluso, en el mantenimiento tenemos ya motivos para la preocupación. Se reconocen cuellos de botella en el sistema que afectan a la seguridad, e, incluso, el director general de Transportes de la Generalidad de Cataluña manifestó, en el colmo del cinismo, alegremente y sin sonrojarse que: “No está en mis manos” garantizarla en el Clot. Font denunció la falta de inversiones “durante años” y admitió que se sabe “hace tiempo” que hay “un problema en los accesos a Barcelona”. Los túneles del Paseo de Gracia y de Plaza Cataluña están “al máximo de la capacidad”, y aumentarla, por ahora, es “imposible”. Y bla, bla, bla… lo de siempre en el discurso nacionalista: el enemigo exterior es el culpable de todo sin la menor autocrítica.

En conclusion, grandes capas de ciudadanos del cinturón industrial de Barcelona ven paralizada una obra, absolutamente necesaria para su bienestar y progreso, y, a cambio, se les penaliza con subidas de tasas inasumibles para la gran mayoría –clases medias/bajas- que residen en esas áreas. No se incentiva la utilización del transporte público y, lo que es peor, se profundiza en la brecha social, es decir, en la exclusión. Además, y por si fuera poco, se pone en cuestión la seguridad del sistema.

En Barcelona, CiU siempre lo ha tenido claro con el metro: el progreso de los ciudadanos puede esperar. Demos, en cambio, la bienvenida al amigo americano con los brazos abiertos; su inversión es necesaria aunque sea a costa de los derechos de los trabajadores y del derecho sin más. ¡Bienvenido Mr. Adelson!

Usted fue votante del PSOE hasta que en 2006 suscribió el manifiesto de Ciudadanos, ¿ahora vota a Rosa Díez?

En las últimas elecciones voté a su partido allí, Ciudadanos. En realidad, hubiera preferido no votar, pero me parece feo no hacerlo (Félix de Azúa, filósofo y catedrático de Estética)

El próximo día 12 de febrero de 2012 los escasos militantes de UPyD en Cataluña tienen una importantísima cita en las urnas para elegir al Consejo Territorial que debe regir, en principio, la organización en esta circunscripción los próximos años. Desde su fundación en el año 2007, el partido de Rosa Díez y Carlos Martínez Gorriarán -apoyado por intelectuales de talla mundial como Fernando Savater e, incluso por un Premio Nobel como Mario Vargas Llosa- ha seguido una senda de crecimiento electoral constante que le llevó a obtener, finalmente, grupo parlamentario en las elecciones generales celebradas de 2011.

Sin embargo, en las últimas elecciones autonómicas en Cataluña los resultados fueron discretos. ‘UPyD concurrió a las elecciones al Parlamento [autonómico] de Cataluña de 2010 con el lema ‘La alternativa necesaria’, tras designar como candidato al ex diputado [autonómico] de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía Antonio Robles, que fue elegido en las elecciones primarias celebradas por el partido el 2 de octubre de ese mismo año, obteniendo Robles el 72% de los votos de los afiliados. El partido logró unos resultados testimoniales del 0,17% (5.293 votos), aunque tanto Robles como Rosa Díez aseguraron que volverían a presentarse en 2014′ (fuente: Wikipedia).

¿Cuáles son las causas de esta diferente evolución en Cataluña respecto al resto de España? En primer lugar, la existencia en la misma de un partido que se visualiza, por mucho que lo nieguen dirigentes de ambos partidos, como similar por los potenciales votantes. El ejemplo de lo que manifestaba, hace unos días, Félix de Azúa es sintomático. Quien desea una opción política no nacionalista y alternativa a los grandes partidos nacionales, normalmente, en Cataluña vota C’s en las locales y autonómicas y UPyD en las nacionales y europeas. Los datos empíricos así lo demuestran.

En segundo lugar, la desorganización y/o falta de la misma que ha venido sufriendo UPyD en esta Comunidad Autónoma es incuestionable. Cambios constantes de coordinador territorial, sensibilidades ideológicas encontradas y enfrentadas, salidas de militantes destacados, falta de información a los simpatizantes, limitada capacidad de expansion, etc. Todo ello hizo desembocar en la imposición de una gestora que ha dirigido, con un limitado perfil político, los designios en los últimos meses. A ello tampoco ha sido ajena la dirección nacional que como consecuencia de la crisis que sufrió en su seno la formación política en 2009 observa con recelo e intenta controlar cualquier movimiento en el partido.

Se imponen soluciones; la ciudadanía las reclama. Necesita de UPyD, pero muchas veces no sabe, ni tan siquiera, a quién dirigirse ni quién la representa en Cataluña. Así, la nueva Coordinadora Territorial que surja debería centrarse en lo siguiente. Primero: consensuar una respuesta única dentro de la misma formación que suponga de facto aunar todas las voluntades y sensibilidades en objetivos comunes y compartidos –en este sentido es necesario un coordinador que sea aceptado por la mayoría con talante dialogante e integrador- (una lista sería mejor que varias, pero, en cualquier caso, la que salga elegida, inmediatamente, debe ponerse a disposición de todos los afiliados). Segundo: articular una presencia política que, sin perder su trabazón con la dirección nacional, añada ese plus de información y experiencia que solo los que viven el día a día en esta Comunidad pueden aportar.

Tercero: tender puentes de encuentro con su partido aquí C’s -¿qué tal, para empezar, la organización y participación en actos communes?- que favorezcan, al menos, las sinergias políticas ahora desaprovechadas -¿sería inasumible para UPyD, por ejemplo, participar en el próximo San Jordi, conjuntamente con C’s en los actos que este partido, normalmente, organiza?-. En parecido sentido, abrir diálogo permanente con los sectores no nacionalistas de los partidos de ámbito nacional en Cataluña (PP, PSC e IU).

‘En agosto de 2011, C’s decidió no concurrir en solitario a las elecciones generales que anticipadamente se celebrarían en noviembre; sólo lo haría en el caso de acompañar a UPyD, además de cualquier otra fuerza que quisiera sumarse, para configurar una tercera vía a nivel nacional que permitiese la gobernabilidad del país sin el apoyo del nacionalismo-independentismo de algunas regiones, [hecho rechazado por UPyD alegando que ya decidió presentarse a las generales “con el mismo programa y bajo las mismas siglas en todas las circunscripciones electorales”‘ (fuente: Wikipedia). Interpretemos esta iniciativa de C’s como un primer paso en la línea de favorecer el acercamiento natural de dos formaciones que, al final, no les quepa la más menor duda, acabaran confluyendo.

Es de desear y lo esperan todos que el Consejo Territorial de UPyD que salga elegido en unas semanas tenga la capacidad de aunar política y estrategia, perspectiva y capacidad de visualizar lo mejor para el futuro. Los ciudadanos de Cataluña hace tiempo que buscan un instrumento que posibilite una opción no nacionalista progresista, fuerte y de ámbito nacional. El día 12 de febrero volverán a ponerse los relojes a cero en UPyD de Cataluña; no repitan, nuevamente, los viejos errores que han supuesto desaprovechar talento y energía. Las próximas elecciones se ganan desde ahora. El tiempo corre en su contra y, lo que es más importante, en el de los ciudadanos catalanes contrarios a la imposición nacionalista.

Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona.

Antes (1975):

“De todos los años que he vivido en suelo español, recuerdo con fulgor los cinco que pasé en la querida Barcelona a comienzos de los años setenta. […] Se convirtió en la capital cultural de España, […] Barcelona fue una Torre de Babel, una ciudad cosmopolita y universal, donde era estimulante vivir y trabajar” (Mario Vargas Llosa, discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, 2010: Elogio de la lectura y la ficción).

Ahora (2012):

“Cataluña es cada vez más provinciana y se está cerrando en sí misma. Todos los artistas importantes de allí ya grabamos fuera, incluso Sopa de Cabra. […] Lo cierto es que Madrid es muy amplio, se ven las cosas de otra manera y las cosas pasan ahí. Y no es tanto por la ubicación de la industria, sino porque vas a los sitios y la gente está mezclada. En un bar tienes a un poeta, un director de cine y un músico a quienes ha mezclado la ciudad. Eso no pasa en Barcelona” (José María Sanz, Loquillo).

Es claramente desalentador observar las declaraciones de excelentes artistas, que vivieron decisivas etapas de su creación en la ciudad condal y, ahora, por diversos motivos ya no se encuentran entre nosotros. Nada que ver con la propaganda institucional de la Generalidad y del Ayuntamiento de Barcelona que proclaman un cosmopolitismo que ya nadie osa proclamar en público sin sonrojarse.

Existe una práctica unanimidad en considerar, hoy, a Madrid como la capital cultural de España. Algunos dirán que ya les está bien, que sólo pretenden que Barcelona lo sea de Cataluña; pero, no esconden sino su negligencia y su falta de capacidad para articular una auténtica apuesta barcelonesa, catalana, española y europea, con auténtica resonancia mundial. Hoy, sin embargo, la ciudad que habitamos no pinta apenas nada en el concierto cultural.

En Barcelona, lamentablemente, la cultura sólo es noticia para hundir proyectos consolidados si no tienen la pátina nacional adecuada, destapar desavenencias personales, constatar errores de bulto o anunciar recortes. Detrás de todo ello, como siempre, están los del pensamiento único (una llengua, una cultura, un país…), los nacionalistas y su acción política.

Veamos algunos ejemplos recientes. Hundimiento de proyectos consolidados: el Centro de Cultura Contemporáneo de Barcelona (CCCB), que se había convertido, desde su inauguración en 1989, en un referente internacional, ha visto como se ha sustituido a su director por otro, sin ninguna experiencia, pero dispuesto a seguir las directrices político ideológicas convenientes a los nuevos tiempos; un auténtico comisario político.

“Desde el nacionalismo catalán -de derechas y de izquierdas- su figura [la del antiguo director, era] vista mayoritariamente con recelo. Se ha criticado insistentemente el cosmopolitismo del CCCB y su falta de referentes al ideario nacionalista. [...] Siempre tuvimos que soportar críticas sobre nuestra falta de celo nacionalista y nuestro excesivo cosmopolitismo”, explica Rafael Vilasanjuan, que fue subdirector del CCCB hasta el pasado mes de enero [del 2011]. ”Se nos intentaba presionar para cambiar el modelo y enfocarlo hacia las tradiciones”, añade, “sin ir más lejos en la época del tripartito, el consejero Joan Manuel Treserras [ERC] nos pidió que ligáramos la sardana con el festival de música electrónica Sonar. También se nos dijo que Kosmópolis estaba demasiado influenciada por la cultura no catalana”.

Desavenencias personales: los nuevos dueños que quieren reorganizar el mapa cultural de Barcelona muestran claras desavenencias personales que amenazan con enfrentar a las dos instituciones con incidencia en la ciudad presentando dos proyectos opuestos. El del Ayuntamiento de Barcelona, personificado por el teniente de alcalde de Cultura, Jaume Ciurana (CiU), y el del consejero de Cultura de la Generalidad, Ferran Mascarell (ex PSC). Ciurana pretende articular los equipamientos que acogen el arte contemporáneo en torno al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba), y encargó a su director, Bartomeu Marí, una propuesta que, por lo que se sabe, permitirá al Macba ocupar las salas de exposición del contiguo CCCB para que alberguen la importante colección permanente surgida de la unión con la Fundación La Caixa. Otros espacios ya rehabilitados de Barcelona, como El Canódromo o Fabra y Coats, acogerían las fábricas de creación o el arte más experimental. Mascarell, por su parte, proponía la creación de un holding, en el modelo del Centro Pompidou (París, Francia), que integraría el Macba, el CCCB y la nueva Filmoteca de Cataluña, junto a otras instituciones de menor calado.

Errores de bulto: en este apartado, los ejemplos son innumerables y sangrantes, en época de crisis, porque suelen tener un costo económico en recursos públicos que suponen restarlos de otras partidas necesarias. Señalaré dos recientes y significativos. Uno, se construye un monumento a los castellers que ha supuesto 700.000 euros de gasto y cuyo resultado es, como mínimo, discutible en términos artísticos y urbaníticos; dos, el suizo Moritz Küng, que ganó un concurso internacional para dirigir el frustrado proyecto cultural del Canódoromo, ha estado dos años cobrando una nónima bruta de 5.500 euros al mes por dirigir un centro que no existe.

Anuncio de recortes: para el mandato y en cuanto a la financiación en cultura, el presupuesto municipal disminuirá, entre otros recortes, la aportación del Consistorio a los consorcios culturales de la ciudad -Auditorio, Liceo y CCCB- un 1,5% aproximadamente. La rebaja de lo que aporta la Generalidad será superior al 10% y oscilará entre el 15 y el 18%. Algunos cálculos indican que representan unos 12 millones de euros menos. Destaca, como en otras partidas presupuestarias, que el gobierno de la ciudad echa una mano a sus compañeros de partido que dirigen la Generalidad, hipotecando el futuro del Ayuntamiento de Barcelona.

Este es un resumen de la realidad actual de la organización pública cultural de Barcelona. ¿Con estos mimbres, de verdad pensamos que se incentiva a los creadores y se puede situar a la ciudad a la vanguardia del mapa cultural internacional? ¿Qué es la cultura? Dicen que es el reflejo de la sociedad y la totalidad de lo creado por ella. Si es así, en Barcelona su reflejo es turbio y la creación se está asfixiando. Quizás algo de esto influye en que muchos de los que quieren vivir libremente de esto estén emigrando a Madrid, en busca de aire fresco huyendo de la censura y los censores. Malos tiempos para la lírica.

Dedicado a todas las víctimas del terrorismo. Un amigo me envía el siguiente vídeo y su letra, acompañado de un comentario muy acertado: ‘Primera vez que me tomo en serio esto de los carnavales. Hasta una chirigota gaditana puede ser mucho más digna que todos nuestros políticos juntos’. Quería compartirlo. ¡Qué lo disfrutéis! Aunque no olvideis que el nacionalismo sigue ahí en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia…

Ahora que la ETA cayó
y el terror bajó su bragueta,
ahora que tan quieta quedó,
quieren ya la sopa y la teta.

Ahora dicen sí, y mandan pa Madrid
siete tontos con siete maletas:
marionetas son que desde su sillón
pa la ETA hacen de alcahueta.

Ni tus 300.000 papeletas
ni tu cambio de nombre y chaqueta
ni tu silueta a dieta pa quedarte en ná
callan el eco de tus metralletas.

Esa ETA de escopeta y de vendeta
no respeta ni lo hará.
ETA de la treta y del cagueta
con la careta tapá.
ETA, ¡qué puñeta vas a hablar!
ETA que se corta la coleta
y ahora viene en son de paz.

¡Pues empieza ya!
Vete puerta por puerta
igual que un mormón,
habla con esos hijos
y en medio del salón
te pones de rodillas
y les pides perdón.

¡Empieza ya!
Que le pongan la cara por fin al matón
y cuando te arrepientas con el corazón…

¡Pa la prisión, pa la prisión, pa la prisión!

Barcelona TV.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, prescribe el ‘equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales y que en ningún caso pueden tener un trato privilegiado […] [también en] los medios de comunicación públicos de Cataluña’.

Barcelona TV (BTV) es un canal de televisión local público de Barcelona, cuya titularidad pertenece al Ayuntamiento de esta ciudad. Emite desde 1994 (fuente: Wikipedia). A la cabeza del mismo se encuentra Àngel Casas, un profesional contrastado que, al parecer, no molesta al nacionalismo conservador, pues, no en vano, ya ‘en 1984, tras el nacimiento de TV3, la televisión autonómica de Cataluña, comienza a trabajar en esa emisora, y se convierte en la estrella de la cadena con su programa Àngel Casas Show, talk-show que se mantiene en pantalla hasta 1988′. Tras un impasse, ‘en septiembre de 2008 fue elegido, tras concurso público, nuevo director de BTV’ (fuente Wikipedia).

La televisión pública local de Barcelona, dependiente del Instituto de Cultura de Barcelona, está operada por la sociedad Informació i Comunicació de Barcelona, SA SPM, cuya presidenta es Isona Passola, una productora, guionista y directora de cine catalana, conocida por el documental Cataluña-Espanya, que se estrenó en el 2009 y que, de momento, es la única que ha dirigido. Junto a ella, encontramos como consejeros a otros conocidos periodistas y profesionales -próximos al nacionalismo o contemporizadores con el mismo- cercanos a los distintos partidos politicos con representación en el consistorio barcelonés: Ricardo Fernández Deu, José Alberto Gregorio de Prieto, Jodi García Soler y Vicenç Villatoro Lamolla. Esta sociedad tuvo un presupuesto para el año 2010 de 16.598.963,00 euros.

Es bien conocido de todos los vecinos de Barcelona que su television, la que pagamos con nuestros impuestos, emite vehicularmente en una de las lenguas oficiales en la ciudad, el catalán, y ello pese a que:

‘El castellano es la lengua mayoritaria y común de los barceloneses. Esa es nuestra realidad más o menos bilingüe, y, por ende, nuestra identidad. Pero no es esa la que se invoca y la que se recrea desde las instituciones, la que se finge. Basta con echar una mirada a las páginas del Ayuntamiento, a su publicidad, a sus comunicaciones. O a nuestra television, a BTV, que informa sobre la ciudad en veinte lenguas, entre las que no incluye la de la mayoría de barceloneses. Y de los emigrantes, por cierto, a esos mismos a los que apela para justificar ese Babel. A su identidad, claro. Sería bueno saber de quién exactamente. Otro modo de engañarnos’ (Félix Ovejero, Las tres mentiras de Barcelona, 2010).

Siguiendo a su hermana mayor, TV3, y no conformándose con lo anterior, prácticamente, ha desaparecido cualquier comunicación y/o participación en la misma de ciudadanos castellanoparlantes. Pareciera que en las televisiones públicas catalanas sólo cabe la información de los que se expresan en la lengua afín al poder politico (un simple derivado del económico que ejerce, sin concesiones, la burguesía catalana, pero, que miren ustedes por donde, en Cataluña ha abrazado, sin sonrojarse y en un salto al vacío, la izquierda con representación institucional); sin oportunidad siquiera a la disidencia lingüística.

Llegados a este punto, es preciso recordar que la sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, prescribe el ‘equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales y que en ningún caso pueden tener un trato privilegiado […] [en] los medios de comunicación públicos de Cataluña, sin perjuicio, claro está, de la procedencia de que el legislador pueda adoptar, en su caso, las adecuadas y proporcionadas medidas de política lingüística tendentes a corregir, de existir, situaciones históricas de desequilibrio de unas lenguas oficiales respecto de la otra, subsanando así la posición secundaria o de postergación que alguna de ellas pudiera tener’.

Algunos parecen querer olvidar que a la luz de la referida STC, de conformidad con las previsiones del apartado 1 del artículo 38 (en el mismo sentido que el artículo 87) de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 octubre, del Tribunal Constitucional, que consagra el valor de cosa juzgada de sus sentencias, vinculantes para todos los poderes públicos –incluido, por supuesto, el poder público municipal- todos debemos acatar, cumpliendo y haciendo cumplir, el derecho vigente. Más allá de cualquier consideración ideologica personal, los servidores públicos deben acomodar la realidad a los mandatos de la referida sentencia y, en consecuencia, reestablecer inmediatamente el equilibrio en los medios de comunicación públicos por lo que hace al uso de las lenguas con status jurídico de oficiales, pues, el Alto Tribunal ha declarado nula cualquier ‘preferencia’ por una de ellas.

Si en el año 2008 Informació i Comunicació, SA SPM se adaptó a lo que señalaba la Ley de Comunicación Audiovisual de Cataluña (Ley 22/2005, de 29 de octubre), ¿por qué no se hace, ahora lo mismo a raíz de la STC? Esta permite el fomento del catalán, en la línea de la convivencia con la otra lengua oficial; pero, impone coactiva e inequivocamente, como no puede ser de otra forma, la plena oficialidad del castellano.

Como es evidente que desde la dirección de BTV no se pretende acatar la referida STC, uno, como mínimo –y dejando a salvo otras actuaciones en el ánimo de hacer cumplir, pese a quien pese, lo que toca- lamenta el silencio cómplice de los trabajadores, unos 20 de media, de la emisora de televisión pública local de Barcelona. ¡Señores, se trata, tan solo, de hacer cumplir la legaliad! ¿No habrá alguien, en el seno de BTV, dispuesto a dejar el triste papel de cordero cómplice?

La ley señala que las administraciones públicas, es decir, las organizaciones ordenadas a la gestión de los servicios y a la ejecución de las leyes en una esfera política determinada, con independencia del poder legislativo y el poder judicial sirven con objetividad los ‘intereses generales’. Es decir, todos sus recursos, personales y materiales, deben destinarse, exclusivamente, a este único fin.

Pero, ¿qué es el interés general (se utiliza generalmente como sinónimo de interés público, interés social, interés colectivo, utilidad social o bien común)? Como todo concepto jurídico indeterminado, ha estado sujeto a amplias discusiones doctrinales. Cabe destacar, no obstante, dos delimitaciones generales del mismo en España: la del profesor Eduardo García de Enterría, para el que será la ley quién defina el alcance de este concepto, y la del profesor Alejandro Nieto García, que considera indefinido e indefinable a priori este concepto, será la política quién la defina en cada momento. También la jurisprudencia del Tribunal Supremo, caso por caso, ha ayudado a su definición.

En las últimas semanas, nos encontramos con diversos casos que constatan un abuso en la utilización de este concepto que afecta a destacados miembros del anterior equipo de gobierno del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona. En primer lugar, y por orden cronológico, tenemos el caso Palacio de la Música, que ha supuesto la imputación, entre otros, de Ramon García-Bragado, por una permuta de suelo justificada por un inexistente ‘interés general’. En segundo lugar, el Tribunal Supremo, a semejanza del caso anterior y a raíz de otra permuta, ha corregido la recalificación del solar de la antigua clínica Quirón porque no hubo ‘interés general’. La fiscalía estudia la posible imputación de Xavier Casas Masjoan. Y, en tercer lugar, y en relación a la carga de los Mossos d’Esquadra contra los indignados del 15M que trataban de impedir el acceso de los vehículos de limpieza al centro de la Plaza de Cataluña de Barcelona, la máxima responsable municipal, Assumpta Escarp, que justificó la operación de limpieza de la plaza por el ‘interés general’ está imputada, también.

El uso y abuso de un supuesto interés de todos que sirve de coartada para determinadas operaciones urbanísticas especulativas o acciones de utilización desproporcionada de la fuerza pública no es patrimonio exclusivo del pasado, y, en este sentido, el nuevo gobierno de la ciudad, con Xavier Trias (CiU) a la cabeza, ya nos está dando muestras de ello. Pensemos, por ejemplo, en la ocupación del espacio público de la Plaza de Cataluña durante las últimas navidades por operadores privados en interés, declarado por ellos mismos, exclusivamente particular.

Samuel Jonhson decía que “el patriotismo es el último refugio de los canallas”. Un corolario de la misma podría ser que el interés general lo es de los prevaricadores o criminales de guante blanco que anidan en nuestras administraciones desviándose, oportunistamente, del bien común. Estemos atentos y denunciemos este abuso que subvierte todo el sistema. La calle y las instituciones públicas, afortunadamente, hace tiempo que son de todos. ¡Defendámoslas!

“La izquierda española ha hecho el trabajo de destruir la conciencia nacional española, mientras la derecha deja hacer, como siempre. No se entera de las cosas”, Jesús Laínz.

Hace unos años leí el libro de Jesús Laínz Fernández (Santander, 1965, abogado y empresario): Adiós España. Verdad y mentira de los nacionalismos. Pese a que es un libro extenso, confieso que disfruté leyéndolo, además de por lo bien documentado, por su fina ironía y lo divertido que resultaba. Lo devoré en pocos días; lo recomiendo. Son otros libros, de este autor imprescindible, La nación falsificada, España desquiciada y, su ultimo libro, Desde Santurce a Bizancio.

Laínz considera que ‘el principal problema de la España de hoy, que condiciona la vida política de todos los días, es la Inquisición nacionalista –el prefiere hablar de separatistas (pues al decir nacionalismos parece que se les está concediendo que hay algo nacional detrás de sus planteamientos, lo cual es concederles demasiado)-, sobre todo la vasca y la catalana, pero no sólo ellas, pues han logrado contagiar a casi todas las provincias españolas‘.

El ideario nacionalista gira en torno a dos ejes centrales: el momento fundacional y el agravio. ‘Sin esos dos ejes, los nacionalismos no podrían existir. El primer eje es el momento fundacional, es decir el momento del pasado en el que los nacionalistas hacen arrancar su nación (por ejemplo, en Cataluña suelen ser Wifredo el Velloso, el conde Borrell y Jaime I), siempre escogiendo como momento arquetipo de la nación a recuperar el de más extension territorial; de ahí se obtiene el justo título para la secesión en el futuro. […] El segundo eje es el agravio, porque sin un agravio nacional, sin un gran atentado colectivo contra la nación no hay nacionalismo (por ejemplo, en Cataluña, sobre todo Felipe V y el famoso 11 de septiembre de 1714; no importa que la historia demuestre que en ese año no se enfretaron catalanes contra españoles, sino españoles de todas las regiones, partidarios de un candidato al trono de España contra otros españoles, de todas las regiones, partidarios de otro’ (incluso, hasta el archiduque Carlos, supuesto valedor de la causa catalana, fue recibido triunfalmente en Madrid como rey de España, y, por ejemplo Antonio Villarroel y Rafael de Casanova arengaban a los combatientes, el primero, “por nosotros y por la nación española peleamos” o, el segundo, “por la libertad de toda España”).

Laínz entiende que se debe acabar con el mito de la represión lingüística durante el franquismo pues ‘se comete la falsificación de confundir la no oficialidad con persecución’; en ese período solo existió una lengua oficial, como ha ocurrido en Francia durante todo el régimen democrático, pero se publicaron decenas de miles de libros en todas las lenguas regionales. Denuncia que ‘durante décadas se ha gastado riadas de dinero en embajadas catalanas en el extranjero, en selecciones deportivas… en tótems indentitarios absolutamente inútiles, mientras hay listas de espera en hospitales. La inmoralidad de gastar el dinero que no se tiene, en tonterías como estas en lugar de hacerlo en el bienestar de los ciudadanos, me parece criminal’, manifiesta; añadiendo, irónicamente, ‘aunque seguramente muchos nacionalistas preferirían dejar de comer antes que dejar desmontar las embajadas catalanas o vascas en el extranjero’.

El próximo día 2 de febrero, a las 19:30 horas, en el Hotel Catalonia Plaza Cataluña (calle Bergara, número 11, de Barcelona) y organizado por la asociación Convivencia Cívica Catalana –organización que se ha erigido, por méritos propios, en la mayor defensora de la lucha contra la inmersión lingüística-, el autor procederá a la presentación de su libro Desde Santurce a Bizancio. Conociendo el tono con el que escribe y se expresa, seguro que resultará un acto ameno al que no se debería faltar. Por cierto, quien lo desee, también puede acompañar al autor en una cena con posterioridad a su presentación.

El servicio de Bicing, en Barcelona, es un éxito de usuarios (foto: Bicing).

‘El origen de la iniciativa de proporcionar un servicio público de transporte basado en el uso de la bicicleta podemos encontrarlo en el ideario y acciones happening del Movimiento Provo holandés, que desarrolló distintas estrategias de provocación a la autoridad y de apropiación del espacio público y de la vida social […]. El Bicing (anglicismo: bici+ing, terminación inglesa para el gerundio) es un servicio de alquiler de bicicletas públicas en la ciudad de Barcelona que se implantó en marzo de 2007, promovido por el Ayuntamiento y gestionado por la empresa Clear Channel’ (fuente: Wikipedia).

Esta introducción de alquiler masivo de bicicletas con el objetivo de facilitar la movilidad de los ciudadanos a un precio módico hay que reconocer que ha sido un éxito de usuarios (117.000, en 2010). Antes de la implantación de este sistema, la ciudad registraba unos 47.000 desplazamientos en bicicleta, mientras que en la actualidad tales desplazamientos se elevan a casi 103.000 (datos de 2011). Paralelamente se incrementaron los carriles bici y rondas verdes, llegándose a más de 200 kilómetros a finales del pasado año.

Sin embargo, como toda actividad que se realiza en el espacio público, por definición limitado en la ciudad y más en Barcelona -una ciudad de apenas 100 Km2-, surgen problemas de convivencia, principalmente con otros transeúntes peatones y con los vehículos a motor, cuyos derechos entran en colisión, cada vez con más frecuencia.

Asociaciones como la Coordinadora Catalana de Usuarios de Bicicleta (CCUB) y el Bicicleta Club de Cataluña (BACC) venían denunciando hace tiempo la existencia de puntos negros crónicos por toda la red viaria de la ciudad. Un reportaje publicado en El País en el año 2005 ponía de manifiesto 11 puntos que continúan, aún hoy en día, con la misma consideración.

“El ciclista no hace lo que le da la gana, hace lo que puede”, manifestaba Albert García, coordinador de la CCUB. En muchas ocasiones es así, pero, sin embargo, todos los que paseamos habitualmente por la ciudad podemos observar, a menudo, infracciones de elementales normas de circulación por parte de ciclistas, muchas veces por dejadez y otras, lo peor en mi opinión, por desconocimiento. Es un hecho que a los usuarios de las bicicletas en nuestra ciudad no se les exige acrediten el más mínimo conocimiento en materia de tráfico. ¿Es esto admisible?

El accidente de una ciclista hace unas semanas en el mismo carril bici en el que ya había fallecido otro, puso sobre el tapete la existencia de deficiencias evidentes en el sistema. Los dos accidentes tuvieron en común que se produjeron entre ciclistas y vehículos pesados que impactaron contra los ciclistas al girar. Joan Valls, presidente del BACC, alertaba de la poca señalización en las intersecciones del Ensanche (Distrito II) y recuerda que “cuando uno gira pierde la prioridad”, por lo que [pedía que se mejorase] la señalización y [se concienciase] al colectivo de transportistas, como ocurre en Gran Bretaña, Dinamarca o Alemania. Lo peor de todo es el convencimiento general de que, con un poco de orden, se podrían haber evitado.

Como consecuencia de lo anterior, el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Joaquim Forn Chiariello (CiU), anunció la realización de una auditoría vial de todo el carril bici barcelonés: “Para replantear y cambiar los aspectos que no funcionen”. La bicicleta está en el séptimo puesto en la lista de vehículos que sufren accidentes, justo por debajo de los taxis; no obstante, con los datos conocidos, la sensación de descontrol se ha hecho evidente.

¿Por qué se mantienen sin solucionar, seis años después, los mismos puntos negros denunciados para los ciclistas? ¿No sería conveniente exigir a los usuarios de bicicletas que acreditasen, al menos, unas mínimas nociones de tráfico? Igualmente, ¿no se debería exigir, al convivir en un espacio limitado, a los vehículos pesados que circulan dentro del casco urbano medidas suplementarias de seguridad que minimizasen posibles impactos con ciclistas o peatones? ¿Por qué los ciudadanos tenemos, a menudo, la sensación de que se implantan servicios de forma negligente e improvisada por nuestros responsables municipales?

Al menos, para dos ciclistas, esta denuncia pública llega demasiado tarde.

Los ciudadanos conocemos, hace tiempo, que ninguno de los grandes partidos politicos tradicionales está libre de escándalos de corrupción. Casos como Gurtel (PP) o el de los falsos ERE andaluces (PSOE), por mucho que lamente las generalizaciones el actual presidente del Gobierno, son habituales.

Lejos de rectificar, esos mismos partidos se acusan entre sí y mantienen en sus puestos y listas electorales a imputados por graves delitos. Una democracia en manos de partidos y políticos corruptos es una farsa: no hay igualdad de oportunidades ni seguridad jurídica para quienes cumplen las reglas.

En Barcelona, el caso más sangrante para el interés general, en los últimos tiempos, ha sido el denominado caso Palacio de la Música de presunta financiación irregular de CiU. Después de una larguísima instrucción, los máximos implicados, Fèlix Millet y Jordi Montull, aún continúan pendientes de juicio. Una de las derivadas del saqueo de una de las instituciones musicales más importantes de la ciudad fue la tramitación irregular del proyecto de hotel adyacente al Palacio.

Así, la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, Miriam de Rosa, ha dado por finalizada la investigación y ha concluido que existen indicios suficientes para mantener la imputación del ex teniente de alcalde de Urbanismo Ramon García-Bragado Acin (PSC); del ex gerente de esa misma área Ramon Massaguer Meléndez (PSC); del arquitecto que se encargó de los trámites urbanísticos del hotel, Carles Díaz; y del director jurídico del Consistorio, Enric Lambies Ortín, quien supuestamente ocultó que las fincas en cuyo solar se iba a construir el hotel eran de titularidad privada.

Estamos hablando de imputaciones por delitos muy graves: tráfico de influencias, prevaricación, apropiación indebida y falsedad documental. Todo ello en el marco de una operación, exclusivamente, especulativa que beneficiaba particularmente a los implicados. Además de los ‘claros indicios de presión’ (léase como amenazas al más viejo estilo mafioso) que se ejercieron sobre la ex concejal del PSC Itziar González (Distrito I), que era un “elemento molesto” para el proyecto.

Sin embargo, lo más llamativo e inquietante, dentro del escándalo, es que pese a todo, tanto Massaguer como Lambies han sido ratificados como técnicos de confianza por el Gobierno de Xavier Trias (CiU). El alcalde de Barcelona protege a presuntos criminales. Son imputados por la justicia, pero, amparados por el gobierno municipal. Como ya hace tiempo que no creo en las casualidades, empiezo a pensar que aquellos tienen algo que ocultar y este que agradecerles (¿su silencio?) y que, como consecuencia y solo por ello, los mantiene en sus puestos. ¿Qué otra razón habría para que altos cargos de la administración urbanística municipal socialista anterior permanecieran, contra viento y marea, en la actual dirección ejecutiva nacionalista conservadora del Consistorio barcelonés?

En cualquier caso, mientras se mantenga en la estructura municipal a altos cargos imputados en proceso penales en curso, se da pábulo a la especulación y se pone en cuestión, como mínimo, nada más ni nada menos, a una de las áreas más sensibles de cualquier Ayuntamiento: la urbanística. No cometa ese error señor Trias. Aparte a los imputados, por lo menos, hasta que se acabe el proceso y se determine su responsabilidad en el caso.

Hablaba ayer de transparencia y de los déficits que se dan en el Ayuntamiento de Barcelona: ‘Se hacen necesarias normas que hagan públicas las cuentas de los partidos políticos, instituciones y cargos públicos, y exigir por ley a los partidos un grado elevado de autofinanciación con sus cuotas y donativos. De igual forma, se hace necesario endurecer las leyes y tribunales encargados de perseguir la corrupción. Pero, nada de lo anterior sera suficiente sin una revolución de los valores cívicos y democráticos que haga intolerable la corrupción política, demasiado tolerada en España’. Barcelona, lamentablemente, no es una excepción.