Cataluña
El fiscal pide seis años de cárcel para un alto cargo del equipo de Felip Puig
Xavier Reinaldos Martínez está acusado de falsedad documental y administración fraudulenta. Además, la fiscalía le reclama -junto a Albert Pinyol Coll- indemnizaciones por un total de más de 1,78 millones de euros. Reinaldos fue entre 1994 y 2006 gerente de una empresa vinícola. Desde el pasado mes de marzo es el adjunto al jefe del gabinete de la Consejería de Empresa y Empleo.
La fiscalía ha solicitado seis años de prisión para el adjunto al jefe del gabinete del consejero de Empresa y Empleo y miembro del Consejo Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Francesc Xavier Reinaldos Martínez. Este está imputado en un proceso judicial en el Juzgado de Instrucción número 1 de Villafranca del Penedés (Barcelona) por actuaciones durante su paso por la sociedad Celler Cooperatiu de Vilafranca, SCCL.
Reinaldos podría haber cometido dos delitos societarios entre 2003 y 2005, mientras fue gerente de la empresa, según consta en el escrito de la fiscalía al que ha tenido acceso LA VOZ DE BARCELONA. El fiscal considera que el dirigente de CDC y miembro de la estructura de la Consejería, en manos de Felip Puig (CiU), sería el responsable de un delito continuado de falsedad documental y otro de administración fraudulenta en concurso de normas con un delito continuado de apropiación indebida.
Por esto, el fiscal ha solicitado al juez instructor la pena de tres años de cárcel por cada delito, en total seis años, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y doce meses de multa con una cuota diaria de diez euros con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Tras el escrito del fiscal y el de las acusaciones, el juicio oral se podría iniciar de aquí a dos meses y el juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona podría verse antes del próximo verano.
‘Alteraron la situación económica de la entidad en las cuentas anuales’
Según el fiscal, Reinaldos y Albert Pinyol Coll (gerente, entre 1994 y 2006, y director financiero de Celler Cooperatiu de Vilafranca, entre 1999 y 2005, respectivamente), actuando de común acuerdo, ‘alteraron la situación económica de la entidad en las cuentas anuales de los ejercicios correspondientes a 2003 y 2004, que presentaron ante la asamblea de socios’, unas cuentas que fueron aprobadas ‘sin que los socios dispusiesen de una información completa y veraz de la situación de la sociedad’.
En concreto, las cuentas de 2003 reflejaban 27.465,54 euros de beneficio, cuando en cambio existían pérdidas de 2.973.820,86 euros. Las cuentas de 2004, por su parte, reflejaban ganancias de 42.725,72 euros, cuando en cambio existían pérdidas de 705.079,66 euros. La sociedad era una cooperativa que se dedicaba a la producción y venta de vino y cavas a partir de la uva aportada por sus asociados y terceros proveedores.
Para favorecer la aprobación de las cuentas, Reinaldos y Pinyol presentaron ante la asamblea de socios informes de auditoría falsos, ya que se alteró ‘la verdad genuina’ aparentando que habían sido elaborados por PriceWaterhouseCoopers. Los informes llevaban incluso la firma de una de las socias de la entidad fiscalizadora.
Sin embargo, los auténticos informes correspondientes a las cuentas anuales de 2003 y 2004 fueron emitidos por la empresa auditora en octubre de 2005. No se pudieron hacer antes ya que Reinaldos y Pinyol habrían retenido las cuentas firmadas con los ajustes contables. Estos ajustes, apunta el fiscal en el escrito, ‘consistían en que se reflejasen las pérdidas sufridas por la empresa, en lugar de los beneficios’ y, aunque esta información ya figuraba en las cuentas facilitadas a la empresa auditora de octubre de 2004, ‘se obtuvo la firma de los socios fuera de los cauces habituales, alegando motivos de urgencia, de modo y manera que los socios las firmaron en la creencia de que su contenido era el mismo que las firmadas con anterioridad, en 2003 y 2004′. Reinaldos se aprovecho de ‘la confianza que los socios habían depositado en él.
Trato de favor a unos cooperativistas
Los dos imputados también habrían reflejado ‘la irreal situación de la empresa en los Impuestos de Sociedades de 2003 y 2004’ y presentaron en la Dirección General de Política Financiera autonómica, dependiente de la entonces Consejería de Economía y Finanzas, un balance del año 2003 ‘que no recogía la verdadera situación de la empresa’. Estas irregularidades, como otras que habría detectado el organismo de la Generalidad, aparecen en las actas de 2004 y 2006, lo que derivaron en un proceso sancionador contra Reinaldos.
Además, la fiscalía considera que Reinaldos contrajo obligaciones con terceros que ‘vulneraban lo acordado por el consejo rector en materia de precios’. En concreto, los precios pagados a José María García Carrizo, uno de los socios de la empresa, entre los años 2002 a 2005, que son ‘sustancialmente más favorables que los del resto de cooperativistas’ y al que aplicó plazos de pago ‘también más favorables’.
De la misma forma, Reinaldos habría beneficiado al padre de García Carrizo, José García Alonso. Entre 2001 y 2006, el gerente acordó la remuneración de determinadas imposiciones a plazo fijo en la sección de crédito de la cooperativa a tipos superiores a los del mercado y a los que se remuneraban las imposiciones de los restantes cooperativistas.
Más de 1,78 millones en indemnización
Al mismo tiempo, señala el fiscal, el dirigente de CDC habría acordado con socios de la cooperativa imposiciones de dinero y aportaciones al capital social aprovechando que ‘desconocían la verdadera situación económica de la empresa’. Y, además, para ocultar la verdadera situación de la sociedad, Reinaldos habría aplicado los recursos obtenidos por la sección de crédito ‘a financiar las necesidades de tesorería generadas por las pérdidas reales producidas por su actividad ordinaria’.
Por todo esto, la empresa Celler Cooperatiu de Vilafranca estuvo ‘en una grave situación económica’, que motivó que la sociedad fuese vendida a Covides y Secció de Credit, SCCL, estipulando como precio el importe de las deudas contraídas por la primera, con la consiguiente pérdida del capital social. Según el fiscal: 1.500.000 euros.
Además de los años de prisión, la fiscalía ha solicitado a los dos acusados por los perjuicios sufridos con los correspondientes intereses de demora la indemnización ‘conjunta y solidariamente’ a Josep Batet Calaf, en 48.664 euros; a Joan Pons Vilapúa, en 51.567 euros; a Mónica Lacambra Barà, en 20.971 euros; a Francisca Lobato Búrdalo, en 27.778 euros; a Pere Antòn Cañís Juvé y Teresa Juvé Civit, en 27.778 euros; a Maria Carme Sogas, en 63.888 euros y a Leader Audit SL e Inmaculada Matas Torres, en 14.633 euros.
Y, por último, una indemnización a Covides SCCL de 1.527. 000 euros, también por los perjuicios sufridos. En concreto, 1.246.000 euros por las pérdidas del capital social de Celler Cooperatiu de Vilafranca y otros 281.658 euros por el sobreprecio pagado a José María García Carrizo. En total, un global de más de 1,78 millones de euros en indemnizaciones.
El caso llegó al Parlamento autonómico
Pese a que desde el pasado mes de diciembre de 2012, Reinaldos está imputado en este caso, el 6 de marzo fue nombrado adjunto al jefe de gabinete de Puig en la Consejería de Empresa y Empleo. Además, no es que se pueda decir que la denuncia ante los juzgados, presentada por varios ex socios de Celler Cooperatiu de Vilafranca, fuera desconocida.
El 27 de marzo de 2007, Pere Catasús Colomer y Jaume Pons Marqués, dos ex socios, llevaron el caso de los presuntos delitos de Reinaldos al Parlamento autonómico de Cataluña. En concreto, a la Comisión de Peticiones, a la que solicitaron que se investigara ‘la actuación administrativa’ de la sociedad ‘para aclarar si la pasividad administrativa ha comportado graves perjuicios administrativos a la cooperativa’.
Según Catasús y Pons, Reinaldos entre 2003 y 2005, ‘a parte de haber motivado la incoación de un proceso penal por falsedad y diversos delitos societarios’, fue el responsable de que la empresa vinícola ‘incumpliese numerosos preceptos de la normativa reguladora’ autonómica. Los dos peticionarios solicitaron comparecer en la Cámara autonómica para explicar el caso. Su deseo no fue concedido.
La Comisión de Peticiones tramitó la solicitud a la entonces Consejería de Trabajo. Nada más se ha sabido desde entonces. Hasta ahora, que el fiscal ha decidido dar un paso adelante y pedir prisión para Reinaldos y Pinyol, así como indemnizaciones para los perjudicados por sus actuaciones al frente de la sociedad cooperativa.
Quién decías que era que nos robaba?
http://www.youtube.com/watch?v=yvteaRoRZyQ Catalanista c…..
Este espanyolazo , Martinez , pero naci-onalidta separata roba a los catalanes.
Cuanto babau hay en cataluna que se creen que eerrece y convergeciayunion son unos inocentes expoliados por Espanya y estos dos partidos estan repletos de espanyolazos que roban en cataluna
eso esta bien a la cárcel. ahora faltan otros muchos mas que ayan recorrido caminos pecaminosos.
la ley se tiene que cumplir supongo que algunos nos cogeremos la gran cogorza
cuando algunos políticos terminen a lli.
todo se debe andar por aquello de el que mal anda mal acaba..
ojo con los separata también les puede llegar su sambenito. al tiempo.
Esto es la famosa parte del 3% que se llevan los naci-onalistas para pagar la sede embargada.
En las proximas eleccionas volver a votarlos .
¿ Verdad Miguel ?
Este representa a la xarnegada cobarde pero mas trincones que los Espanyoles
¿Por que no se cierra el palacio de la plaza san Jaime ?
tiene que regresar la P.O.U.M.
Basta de mentiras. Este hombre es inocente. La culpa es de Espanya que ens roba
De igual manera que es culpa de Espanya, que mi marido este en el paro, que me hayan subido la luz, que se me haya fundido la bombilla de recibidor, que se me haya roto la bolsa de la basura, que el bikini del año pasado no me valga, que haya engordado 4 kilos, que mi marido haya echado barriga y que tenga alopecia o que mi cuñada se vaya de vacaciones mas lejos que yo.
PD a mi marido, El señor que el otro dia estaba escondido en nuestro armario cuando tu llegaste de improviso a casa, también estaba ahí por culpa de Espanya.
Es un ejemplo de la apropiación del dinero de los demás diciendo que no es de nadie. Es un Régimen totalitario que impide que la justicia y la policía actúen en su momento para arrestar a los delincuentes e impedir el saqueo de los ciudadanos.
No hay pan para tanto chorizo, y a este paso tampoco cárceles.
A ver si le da por cantar como a Bárcenas, que falta hace.
Veremos si acaba en la carcel como los dos unicos politicos que han entrado en prision vera y barrionuevo (por cierto indultados) o el actual modelo de justicia en el cual mandan los politicos sobre los jueces hace su trabajo. Yo espero que barcenas tire de la manta y se sepa que es lo que impera en españa corrupcion al 100%.
¿¡A paso que vamos quedará algún ato cargo público nacionalista sin estar imputado en un juzgado de Cataluña!?