Domingo, 9 de noviembre de 2008. Año: XVIII. Numero: 6901.
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 OPINION
Editorial
CATALUÑA APLASTA EL PLURALISMO

La Generalitat que preside José Montilla ha utilizado criterios clientelares y sectarios para configurar el nuevo mapa radiofónico catalán. De las 83 concesiones en Frecuencia Modulada que acaba de adjudicar, ni una sola ha sido para Unidad Editorial, la empresa editora de EL MUNDO, pese a que nuestro grupo presentó un total de 54 solicitudes a concurso para 22 frecuencias y ya contaba con alguna emisora funcionando en pruebas. ¿Es creíble que ateniéndose a principios de objetividad y libre competencia uno de los tres grupos periodísticos más importantes del país -el primero en difusión escrita y el primero en internet-, no haya logrado ni una sola de las más de 80 concesiones de radio de Cataluña? La pregunta se responde sola.

Unidad Editorial había presentado tres atractivos proyectos, tres ofertas radiofónicas: dos de radio generalista -uno de ellos de la mano de una empresa catalana- y otro de radio deportiva, capitaneado por Marca. Pues bien, sorprendentemente han sucumbido ante iniciativas de grupos menores, pero fieles al nacionalismo. Además, a la Cadena Cope se le han retirado dos emisoras que ya tenía en funcionamiento y a Punto Radio, tres.

Estamos, sin duda, ante una forma caprichosa y partidista de ejercer el poder en un terreno tan sensible como el de la libertad de expresión, en el que se juega la calidad de una democracia. Para mayor escarnio, se pretende disfrazar esta cacicada como una decisión ejemplar y pionera en España, fruto del trabajo independiente del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), un órgano adscrito a la Generalitat y cuyos miembros son elegidos por el Parlamento autonómico. Lo cierto es que la primera vez que este órgano político y politizado -siete de sus diez miembros militan en algún partido- ha dirigido la concesión de licencias ha sido con este resultado tan ideológicamente burdo, parcial y liberticida.

Tras lo visto, el PP, que ha sido crítico con el CAC, debería ser coherente y retirar a su único representante, para no servirle de coartada ideológica ni continuar como comparsa. Resulta evidente que el CAC trata de acallar a aquellos medios que defienden los valores constitucionales y denuncian los abusos del nacionalismo. Con su vergonzosa actuación pone de manifiesto, además, el peligro que supone para la democracia y para la propia cohesión del Estado que las comunidades autónomas acumulen tanto poder en ámbitos que atañen a derechos básicos, como el de la libertad de expresión. Por lo pronto, en Cataluña se acaba de dar otra vuelta de tuerca al pluralismo, para apuntalar el pensamiento único y apagar voces discordantes.

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