El modelo catalán de inmersión lingüística se extiende a otras CCAA. Primero fue en las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, ahora en Galicia y el País Vasco. Los dirigentes más localistas de las CCAA han convertido las aulas en auténticos cotos ideológicos en los que quieren un control total. El turno de los comisarios lingüísticos.

Las medidas impulsadas por la Junta de Galicia para extender el uso del gallego en detrimento del castellano o español han encontrado en las aulas su principal banco de pruebas. La Guía Práctica para la Planificación Lingüística en los centros educativos, elaborada por la Consejería de Educación del Gobierno de Touriño, aconseja a los responsables de los colegios e institutos, entre otras medidas, buscar la colaboración de algunos alumnos en la implantación de la inmersión lingüística.

El documento, que se ha enviado a todos los centros al comienzo del curso escolar, incluye un ‘repertorio de actuaciones dinamizadoras para potenciar el uso del gallego’. Entre estos ‘ejemplos orientadores’ se incluye la necesidad de ‘crear la figura del voluntario lingüístico entre el alumnado’, que cumpliría funciones como ‘acoger’ a los estudiantes no gallegoparlantes, colaborar con el Equipo de Normalización y Dinamización Lingüística del centro y participar en la organización de diversas actividades de fomento del gallego, según ha publicado este domingo La Razón.

Un profesor, que no quiere dar el nombre para evitar posibles represalias, ha asegurado al mismo diario que las oposiciones, este año, “ya son en gallego y para optar a un curso en el extranjero, el profesorado debe acreditar su conocimiento del idioma, aunque lo que pretendas sea estudiar en Irlanda o en Normandía”, siguiendo el modelo catalán en el que para dar clases de Historia, Matemáticas o Gimnasia hay que acreditar un conocimiento de nivel de la lengua catalana, pero no de la española, curiosamente.

Asimismo, la implicación no va a ser solo del profesorado, en Galicia también se va a pedir implicación al alumno y se quiere establecer unas ‘pautas de compromiso y fidelidad lingüística’ mediante una especie de contratos lingüísticos y galleguizando los nombres y apellidos de los niños en las escuelas.

La polémica, y más que probable inconstitucional, Guía Práctica para la Planificación Lingüística de las escuelas gallegas también recomienda no ‘tomar como máximos los mínimos legislados’ que establecen como mínimo un 50% de las asignaturas en gallego. Es decir, que se invita a que ese 50% mínimo se convierta en un 70, 80 o, ¿por qué no?, como en Cataluña, en un 100%, ya que en aquellos contextos en los que ‘el predominio familiar y social del castellano sea muy elevado, será necesario elevar ese porcentaje’, aunque nada dice de los ambientes familiares en los que el predominio del gallego ’sea muy elevado’.

Es, en definitiva, una guía o instrucción que han de seguir los nuevos comisarios lingüísticos de las escuelas gallegas.