Rivera apuesta por una negociación de la financiación de manera “multilateral”, entre CCAA y el Gobierno, pero pide que se abra el debate sobre la eliminación del concierto económico vasco y navarro porque supone que existan ciudadanos con más privilegios que otros dentro de España.

Albert Rivera y José Domingo han aparecido juntos, en rueda de prensa, este martes, en el Parlamento autonómico, y por primera vez desde que se hiciera pública la oposición del segundo a la línea que está marcando el primero en el partido.

Rivera, presidente de Ciudadanos y portavoz del partido en el Parlamento autonómico, se ha mostrado perplejo ante la deriva que están tomando las declaraciones de dirigentes políticos y presidentes autonómicos en el tema de la financiación autonómica. Ciudadanos, ha asegurado el diputado autonómico, apuesta por una negociación “multilateral” entre CCAA y el Gobierno del Estado, aunque apoyarán una “financiación adecuada” para Cataluña pero sin guerras entre CCAA.

Además, Rivera ha asegurado que la financiación debe ser tratada con más tranquilidad y debe ser un debate abierto , sobre todo para eliminar el concierto vasco, que ha calificado como de “privilegios feudales”.

Acercar el Parlamento autonómico al ciudadano

Por otro lado, Ciudadanos, por boca de Domingo, ha informado que van a proponer al Parlamento autonómico que se elimine el trato de privilegio del presidente de la Generalidad y los consejeros a la hora de referirse a ellos.

De esta manera, van a solicitar que se “deje sin efecto” el trato de Molt Honorable para el presidente autonómico y se le trate, “acercando el Parlamento [autonómico] al pueblo”, con un simple señor o señora delante del cargo.

Asimismo, han anunciado que solicitarán que se retire el título de Jefe de la Oposición, debido a que existe una gran variedad de partidos en el Parlamento autonómico y diversos en la oposición, no solo uno, que, además, es el grupo parlamentario más numeroso. Para Domingo, esta distinción es “innecesaria”.

Finalmente, Ciudadanos propondrá a la cámara autonómica que se limiten los mandatos del presidente de la Generalidad, aunque no han explicado el método ni la duración.